Al contemplar el escenario que vulnera las atribuciones constitucionales del Municipio, el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga ha presentado una controversia constitucional en contra del acuerdo mediante la propuesta de Gobierno Federal en la cual quiere emplear a las fuerzas armadas en sustitución de los elementos de seguridad pública sin acatar el régimen transitorio constitucional establecido en la reforma del año pasado.
El alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, señaló que los esfuerzos como los llevados a cabo por el colectivo Seguridad Sin Guerra resultan ser indispensables cuando se trata de preservar ambos el respeto a la legalidad y la soberanía de los gobiernos.
“Nuestro municipio se suma a las tareas en defensa del orden constitucional. Creemos que iniciativas como ésta vulneran los intereses del ciudadano y lo condenan a un estado de indefensión, ya que los mandos y los mecanismos de fiscalización civil quedan completamente eliminados”, afirmó.
Según el acuerdo promovido por el Gobierno Federal concede a las fuerzas armadas la autoridad de vigilar carreteras, aeropuertos, fronteras, medios de transporte, llevar a cabo detenciones y órdenes de aprehensión, protección de escenas de crímenes y asegurar bienes. Haciendo que todas las funciones mencionadas se llevarían a cabo sin controles externos, sostiene Seguridad Sin Guerra.
Igualmente se ha insistido en que el decreto sería una contraparte a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que el compromiso de desmilitarizar al país aún luce distante y desdibujado.
El colectivo ha expresado que el acuerdo presidencial “Simula la regulación de las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024; no establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue, no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; y tampoco subordina a las fuerzas armadas al poder civil como lo exige la constitución”.
En Pabellón de Arteaga consideran de vital importancia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despeje éstas y más dudas sobre la constitucionalidad del Acuerdo.
El uso de militares en tareas de seguridad pública es un asunto sumamente delicado y sujeto a obligaciones internacionales muy precisas, por lo que no puede haber ni el más mínimo indicio de dudas al respecto de su constitucionalidad.
