Como instrucción preventiva y correctiva del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, ante las acciones de grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política, se presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”
El objetivo de esta medida es evitar y sancionar la violencia política, y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco.
Durante la conferencia matutina se aseveró la necesidad de actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno. En el mismo espacio, se resumió la estrategia en ocho acciones específicas que a continuación se explican brevemente:
- Hacer un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.
- Establecer mesas de trabajo entre la secretaría de gobernación, la de seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
- Consultar a los gobernadores sobre la aplicación de la estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
- Reforzar la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.
- Atender a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
6, 7 y 8. Coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales.
Como acuerdo colectivo, se establecerán protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva que corresponda.
Finalmente se destacó la importancia de evaluar cada semana, el avance y funcionamiento de la estrategia a través del gabinete de seguridad nacional.
“Por eso hemos acordado mantener reuniones periódicas en la Mesa de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, en las que participarán todas las instituciones que están colaborando con acuerdos específicos.
En esta unión de esfuerzos participan la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería Jurídica (CJ), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para establecer una mesa de trabajo y tomar las previsiones necesarias.
Todos con el objetivo de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones criminales y de delincuencia ya que, el próximo 6 de junio en México habrá comicios para elegir 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; más de mil 900 presidencias municipales; mil 63 posiciones en congresos locales y más de 17 mil espacios entre regidurías, sindicaturas y concejales. En suma, más de 21 mil cargos.
En relación con estas acciones preventivas, es importante señalar que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país.
El diagnóstico arroja que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Por otra parte, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.
Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.
Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral para ofrecer financiamiento o donativos y en ocasiones protección personal para sus campañas.
En algunas regiones incluso, el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, extorsión, moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores. Situación que se espera revertir a través de las medidas mencionadas.
