Hace unos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que México es el primer país (de 37 naciones que la conforman) en encabezar la violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de menores.
Las cifras son alarmantes de la inaudita realidad: más de 4 millones de infantes se encuentran en situación de riesgo. Por ello, la OCDE que se encarga de coordinar las políticas económicas y sociales en los países, afirmó que es urgente declarar al maltrato infantil como problema de salud pública, ya que de acuerdo a diversas instituciones no gubernamentales e instituciones del Estado, demuestran que el maltrato infantil tiene una tendencia creciente en nuestro país.
Los estudios arrojaron lo siguiente:
· Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años.
· Hasta los cinco años, el 60% de los abusos ocurren en casa y provienen de los padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos y padres.
· De los seis a los 11, los principales agresores son los maestros y sacerdotes; y entre los 12 y 17, el 80% de los abusos suceden en la calle, escuelas o fiestas.
· A las niñas y los niños les toma en promedio 20 años para poder hablar de lo que sufrieron.
· En 1000 casos de abuso: 100 se denuncian, 10 van a juicio y solo uno llega a condena.
La OCDE propuso la Ley para la Prevención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al Código Penal Federal, donde alega que hay que redefinir el maltrato a menores como “cualquier acto, omisión intencional o por negligencia, incumplimiento al deber de cuidado, destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes, y que genere riesgo o daño a su salud; quedan incluidos: toda forma de ofensa, injuria, insulto, agravio, humillación, ultraje, mortificación, vilipendio, golpes, lesiones físicas y emocionales; abandono; trata de personas, abuso sexual, maltrato institucional; bullying; negligencia parental y cualquier otra forma análoga, que ponga al menor en situación de riesgo o desamparo”.
Sin embargo, esta situación generó la indignación de diversas ONG mexicanas que defienden la causa, ya que las medidas serán implementadas en un largo plazo debido a que aún falta que la Cámara de Diputados y el Senado consideren el tema dentro de la agenda pública, para que posteriormente generen nuevas propuestas y finalmente hagan las reformas que atiendan la problemática.
