Ante la aprobación y entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que expone información delicada de millones de mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), buscaron maneras de probar la inconstitucionalidad de esta nueva ley.
El padrón biométrico obligará a los mexicanos a registrar sus huellas dactilares, iris personales, entre otros datos de identidad de carácter delicado, almacenados en una base de datos del gobierno por el simple hecho de usar un teléfono celular.
El Estado justificó esta medida como un sistema para tener el control y combatir el crimen en el país; sin embargo, exponer la información de cada ciudadano viola la privacidad, resulta ilegal y afecta a los derechos humanos de la población si se considera que anteriormente se ha comercializado con información privada.
Por ello, diversas organizaciones actuaron ante esta nueva política pública: el INAI ante la consideración sobre la insuficiencia de un amparo, interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita estándares y parámetros que regulen esta acción las autoridades. Asimismo, la CNDH involucró su facultad de la misma manera, con el fin de que las autoridades analicen integralmente las afectaciones.
Por su parte, R3D pondrá a disposición de los usuarios una plataforma gratuita, en la cual se podrán interponer demandas de amparo contra este registro obligatorio de telefonía móvil; además advirtió que es indispensable el asesoramiento de un abogado especialista en la materia al llevar el proceso.
En caso de una ausente respuesta de la SCJN, se espera que existan miles de amparos con la herramienta que propuso R3D manifestando la afectación de los derechos de la población como usuarios y ciudadanos al exponer datos íntimos al gobierno, víctima de hackeos y responsable de comercialización de información.
Aunque hasta el momento, solo se ha concedido una suspensión definitiva contra esta medida a un civil y 53 amparos han sido anulados por ser considerados prematuros.
