El contador público, Óscar Gutiérrez Tenorio, presentó en su programa semanal “Balance Empresarial” que se transmite en sus redes sociales oficiales, un análisis sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil aprobado en México; en un análisis conjunto con Domingo Ruiz López, Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de México Capítulo Occidente.
El desarrollo de la tecnología ha perjudicado la privacidad de los usuarios. Es necesario dar acceso a datos personales en redes sociales y hasta en la migración del sistema bancario a la virtualidad. Esto expone y vulnera las identidades.
Ahora, en la compra de un teléfono celular es indispensable registrar con la compañía de la línea, los datos biométricos (huella dactilar, iris de los ojos, reconocimiento facial); esto debido a que se aprobó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, donde el gobierno tiene a su disposición estos delicados datos personales de millones de mexicanos.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones administre estos datos individuales con la justificación de combatir la delincuencia. Sin embargo, la controversia sobre esta modificación permanece, ya que no es la institución encargada de tener acceso a la información nacional, sino el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los criminales evidentemente no registrarán sus datos biométricos.
Ante estas irregularidades, es indispensable considerar la realidad como un tema sensible por no saber el tratamiento de estos datos: si bien, vulneran los derechos humanos de la ciudadanía, se puede robar o comercializar la información de millones de usuarios además que, el gobierno ejercerá más control.
Por ello, Ruiz López destacó que ejercer nuestros derechos a través de juicios de amparo es la opción más viable para combatir esta medida a tiempo, ya que se estima que en 2023 termine la recabación de los datos biométricos a nivel nacional.
El acumulamiento de juicios de amparo sobre un mismo tema permite que la Corte emita una declaratoria general de inconstitucionalidad de la norma; es decir, obtener miles de amparos beneficia para la revisión de la reforma promulgada y atiende el reclamo social, permitiendo que el Congreso de la Unión disuelva esta iniciativa que atenta contra los derechos humanos de millones de mexicanos,
Por ello, se han promovido en redes sociales e instituciones, el asesoramiento sobre cómo realizar un juicio de amparo en contra de esta medida, para generar un cambio personal y en su conjunto, hasta nacional.
Finalmente, Ruiz López destacó el asesoramiento gratuito en la página del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC en Facebook, ya que es un derecho exigir las garantías individuales, asimismo recalcar cómo perjudica esta nueva medida a la privacidad de la identidad personal.
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