El agua, un debate entre la sociedad preocupada y la política
Por Claudia Ortiz
¿Es el agua un derecho humano o un servicio público? Antes de responder a la pregunta, es importante definir que un derecho humano es la condición adquirida de forma natural, que reconoce y protege la dignidad de los seres humanos, y que permiten su realización como individuo en una sociedad.
Aclarado esto, pensemos en cómo el agua dota de dignidad a una persona tomando en cuenta esas veces en las que has sufrido de sed, te has quedado sin agua en casa, ha salido sucia de alguna llave o no vayamos más lejos, cuando pagas el servicio con el afán de evitar que te limiten o excluyan de su abastecimiento.
En el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobó la observación general no. 15 sobre el derecho al agua, siendo en el artículo primero donde se instaura que el agua es un catalizador indispensable para ejercer otros derechos humanos relacionados, sobre todo, con la salud.
Es necesario entonces que el acceso al agua se acoja como un derecho y no como una mercancía de la que se puede prescindir o que se pueda castigar. Sin embargo, México como país se ha visto superado por problemas sociales y políticos que limitan el ejercicio de este derecho.
Para no ir más allá, en el Estado de Aguascalientes, el costo que se calculó sobre el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para el abastecimiento del vital líquido, llevó a la privatización integral del servicio de agua potable en 1993, convirtiéndose así en el primer estado a nivel nacional que tomaba este tipo de medidas.
Antes de esta decisión Aguascalientes tenía buena cobertura en materia hídrica (agua potable 97%, alcantarillado 91% y desinfección 94%), pero debido a su incremento poblacional, las perspectivas a futuro no eran las mejores. Así pues, la concesionaria invirtió en el sistema de distribución, la interconexión de pozos, solución de problemas en las redes y muchas otras deficiencias que al estado le significarían un endeudamiento que obligaría a elevar costos en todos los sectores.
Hoy en día, esta decisión tomada hace casi 20 años ha costado permanentes quejas y serios reclamos de la población ante cobros elevados y un servicio deficiente que más allá de garantizar este derecho, merma la calidad de vida de las familias al agredir seriamente sus bolsillos y, además, obligarlos a recurrir al abastecimiento a través de pipas que exponen a miles de personas a enfermedades que resultan incosteables muchas de las veces.
Así, se puede observar que el acceso al agua debe abordarse desde diferentes perspectivas, todas importantes; y deben considerarse los elementos humanos, económicos, políticos y sociales reconociendo que ha sido y seguirá siendo de suma importancia en el desarrollo individual y social del estado y el país.
Para finalmente responder la pregunta inicial, creo que podemos concluir que el interés público y el beneficio social constituyen el abastecimiento del agua, como un derecho que, debido a su estrecha relación con el Estado, requiere del establecimiento de modos de gestión que exija a la sociedad, obligaciones como el cuidado y preservación del agua, a través de acciones simples y equilibradas que permitan la mejora de las condiciones de vida en el área rural y urbana. Mientras que respecto a los organismos que regulan el servicio, es importante exigirles reconocer este derecho primario, vinculado con la seguridad, la vida y la subsistencia de las personas.
