“LA INTENTONA DE AFRENTA AL PODER JUDICIAL”
Como es sabido y de explorado derecho, la teoría de la división de poderes es atribuida a John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad de que las decisiones del Estado no deben concentrarse en un solo órgano, por lo que estos han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, nuestro País como muchos que son democráticos adoptaron esa teoría y la incrustaron en sus Constituciones, la nuestra lo contempla en su artículo 116, el cual señala lo siguiente:
Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
La teoría explicada de manera clara a la realidad de nuestro País señala que para su organización el Estado Mexicano se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales.
El principio de la separación de poderes obliga al respeto, autonomía, es decir a no entrometerse en la vida y organización interna que rigen entre cada uno de los poderes, esto adquiere una peculiar importancia dado que respetar ese principio significa que una sociedad puede gozar de las libertades y garantías establecidas en la Constitución, es decir que no serán gobernados por un tirano, sino que existirán contrapesos en el ejercicio del poder.
Habrá que decir también que aunque en nuestra constitución este contemplada la división de poderes, también es cierto que durante mucho tiempo esto fue letra muerta, sobre todo durante la hegemonía priista, en la cual para el País solo existió el poder ejecutivo, los otros dos poderes aunque existían eran totalmente contralados por el Presidente de la República, todas las reformas legislativas y todas las decisiones jurisdiccionales eran tomadas desde la oficina del Secretario de Gobernación, y aunque en el año 2000 el partido en el poder fue destronado, durante esa administración como en las subsecuentes aún no se consolidaría el principio de la división de poderes.
En este orden de ideas, la actual administración encabezada por el Presidente López Obrador desde su llegada a palacio ha sostenido un debate de polarización nacional, a diario presenta discursos sobre los conservadores y los liberales, los cuales creíamos haber superado después del Juarismo, los señalamientos van desde los anteriores presidentes hasta los periodistas, y por supuesto en medio todas las instituciones creadas muchos años atrás, las descalificaciones cada vez mas han subido de tono, claro sin caer en el insulto altisonante, pero si acusando de manera grotesca a todos aquellos que cree como sus enemigos, sin tomar en cuenta que el no gobierna como persona física, sino que encarna y representa a un poder público que debería de velar por y para todas y todos.
El Presidente ha olvidado el protesto llevado a cabo al asumir el poder ejecutivo, es decir el cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen quedo en una simulación, hoy vemos con mucha preocupación como se arremete contra el Poder Judicial horas antes de que se eligiera al nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia, sin mostrar ninguna prueba de su dicho, afirma que la corrupción impera entre los jueces y magistrados, saliendo a defender a la Ministra Yasmín Esquivel quien aspiraba a presidir la Corte, y a quien le une una amistad con el titular del poder ejecutivo y a quien el propuso para el cargo a principios de 2019.
Y es que hoy más que nunca resuena aquel discurso caudillista de “Al diablo las instituciones”, solo que dicha afirmación proviene de aquellas instituciones que el siente como enemigas a sus intereses, su lógica es bastante incongruente, por un lado asegura que el poder judicial se fue eclipsando con el dinero, y por otra impulso al cargo a la esposa de uno de sus principales aliados José María Riobóo, un empresario cercano al presidente y uno de sus principales asesores en temas de construcción. E los participantes de la ‘rave de La Peza desalojan tras seis días de
El actual Gobierno, que ha representado un regreso del viejo presidencialismo que marcó la política de México durante el siglo XX, se ha caracterizado también por su recelo a los organismos autónomos y otras instituciones que suponen contrapesos a la figura presidencial. La corrupción, ha sostenido el Ejecutivo, “es de todo el cuerpo: son jueces, magistrados y hasta arriba en la Suprema Corte, con los 11 ministros”.
De verdad estamos ante una andanada presidencial, la cual busca eliminar lo que para el es producto de la corrupción de los conservadores, sin exhibir ninguna prueba que acredite su dicho, y al contrario exhibiendo una incorrecta técnica legislativa para proponer iniciativas de ley, tal fue el caso de su mal llamado plan b, que busca eliminar órganos que ni siquiera existen.
Sin contar la intromisión que hizo hace algunos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resolviera en definitiva los amparos de empresas privadas contra la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero que ha estado suspendida por jueces federales.
Por medio de su consejera Jurídica, María Estela Ríos, el Ejecutivo presentó a la Corte en diciembre una solicitud de reasunción de competencia, para que asuma 17 amparos en revisión que, desde 2021 y principios de 2022, están pendiente de sentencia final en los dos tribunales colegiados Especializados en Competencia Económica.
Se trata de recursos que el Gobierno federal promovió para impugnar sentencias de primera instancia, en las cuales los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro declararon inconstitucionales los aspectos centrales de la reforma, entre ellos el despacho preferente para la energía generada por plantas de la CFE o de productores privados que trabajan exclusivamente para CFE.
Estos temas fueron discutidos por el Pleno de la Corte en abril de 2022, al revisar una acción de inconstitucionalidad diputados de Oposición, pero si bien en varios casos hubo seis o siete votos por invalidar las normas, en ninguno se alcanzaron los ocho votos necesarios por lo que no hubo pronunciamiento alguno del Máximo Tribunal.
Posteriormente, la Corte tardó seis meses en revocar un acuerdo que les impedía a los tribunales colegiados resolver los amparos, sin que hasta ahora hubieran resuelto alguno. Para conceder estos amparos, bastan seis votos en el Pleno de la Corte o tres votos en una de las Salas. Si bien los amparos no pueden invalidar la reforma con efectos generales, si la tornarían inoperante, pues exentarían de su aplicación a todas las empresas que presentaron alrededor de 200 demandas.
Ante todo, esto, lo que mas preocupa es que sus adeptos estén cada vez mas intensos y en un arranque de ira se caiga en la tentación de atentar contra quien opina distinto a ellos.
Lo acontecido en días pasados en el Poder Judicial, en los que se eligió a la Ministra Norma Lucia Piña como nueva Presidenta de la Suprema Corte y del Magistrado Rafael Anzures Uribe como nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también codiciada por el ejecutivo, manda un severo mensaje a este, de que con cuando se afrenta a un poder público intentando entrometerse en su vida interna no cabe más que la dignidad de las decisiones colegiadas apegadas a derecho.
