Un nombramiento predecible y los retos de la Fiscalía en Aguascalientes
El reciente nombramiento de Manuel Alonso García como Fiscal General del Estado de Aguascalientes no ha estado exento de polémica. Con 20 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, la 66 Legislatura local ratificó un nombramiento que, para muchos, estaba decidido de antemano.
Más allá de los cuestionamientos sobre el proceso de elección, el nuevo Fiscal General enfrenta retos monumentales. La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos, así como de procurar justicia penal de manera imparcial y eficiente. Uno de los principales retos que enfrenta es que arrastra décadas de rezago en peritajes, investigación y atención a víctimas, lo que ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía y un sistema de justicia deficiente.
La senadora de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, denunció que la elección de Alonso García no respondió a un criterio de méritos, sino a una estrategia política. Este señalamiento cobra relevancia en un contexto donde la autonomía de las fiscalías estatales es un factor clave para garantizar un estado de derecho sólido.
El debate legislativo previo a la votación dejó en evidencia la profunda división entre las bancadas. Mientras que el diputado morenista Fernando Alférez Barbosa sostuvo que el proceso estaba viciado y que la terna presentada no cumplía con los requisitos necesarios, el perredista Emmanuel Sánchez Nájera refutó estas acusaciones al señalar que los aspirantes sí habían cumplido con las entrevistas y requisitos previos. No obstante, la controversia persiste y es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine por intervenir en el asunto, como vaticinó Alférez Barbosa.
El contexto de inseguridad en Aguascalientes exige una Fiscalía General que actúe con independencia y eficacia. La ciudadanía espera que Manuel Alonso García, más allá de su cercanía con el actual gobierno estatal, demuestre capacidad para reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. Su desempeño será clave para determinar si su nombramiento fue un acierto institucional o, como sostienen sus detractores, una maniobra política para proteger intereses particulares.
En los próximos años, la credibilidad de la Fiscalía dependerá de su capacidad para actuar con autonomía. Si Manuel Alonso García logra demostrar independencia y compromiso con la justicia, su nombramiento podría justificarse más allá de la polémica. De lo contrario, será otro episodio en la larga historia de nombramientos que responden más a cálculos políticos que a las necesidades de la ciudadanía.
