EL PLAN B DEL PRESIDENTE DESDE OTRA VISIÓN.
En la vida de nuestro país se han vivido infinidad de reformas, algunas legales y otras más constitucionales, en algunos casos los juristas han cuestionado el contenido de ambas, en otras ocasiones las han reconocido, creo que nunca habrá una reforma ideal y siempre existirá un debate desde mi punto de vista muy valioso en cuanto a que todas las voces merecen y tienen que ser escuchadas.
Respetando la actividad parlamentaria y no queriendo atentar en sus facultades, considero que en el caso concreto de las reformas electorales como siempre se ha dicho, no todas las reformas fortalecen nuestro sistema electoral, ni todas son dañinas, pero en el caso concreto de la reforma constitucional presentada por el Presidente López Obrador en abril de este año creo que traduce lo que ha sido su administración, una cultura de la polarización encarnizada entre los buenos y los malos, entre el liberalismo radical y el conservadurismo malvado.
La propuesta inicial pretendía aniquilar al Instituto Nacional Electoral y maniatar las elecciones, es decir centralizar la democracia, una constante tentación para los gobierno de izquierda, la reforma constitucional por el bien del país no fue aprobada por ambas cámaras de representantes populares y entonces el Presidente envió la denominada reforma electoral plan b, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados en su calidad de Revisora y enviada a la Cámara de Senadores, aprobándose, siendo que aun no se emite el segundo de los dos dictámenes de la reforma, al haber cambios en uno de ellos.
El entorno en que se presentó el plan b del Presidente tuvo su origen entre dos manifestaciones populares, aunque una de ellas más ciudadana que política alentada por la ciudadanía apartidista, sin necesidad de los partidos políticos que encabezan una oposición, la cual se encuentra sumamente debilitada y con falta de propuestas, sin embargo aglutino el sentir democrático, aquel sentir por el que nació el Instituto Electoral, antes IFE, hasta hoy INE, la otra de ellas más política que popular, sin embargo la política aglutino las masas a cambio de tamales y café, y más que manifestación fue una marcha con el sabor del culto a la soberbia y a la imagen presidencial, un auténtico regreso a los años 70 más rancios de la historia de nuestro país.
El contenido del plan b en términos legales se traduce en tres grandes rubros, que son los siguientes:
Primero. – Estriba en una muy urgente ampliación de derechos políticos; el segundo, en temas relativos a cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas, INE y OPLEs, así como reforzamiento de una situación de impunidad de los partidos políticos y; el tercero, relacionado con las autoridades jurisdiccionales y todo el funcionamiento de nuestra justicia en ese ámbito.
Del primer tema los expertos lo conceptualizan como una especie de distractor del verdadero objetivo del autor de la iniciativa, el cual es controlar la autonomía de los organismos electorales, es decir el conjunto de disposiciones que reconocen, amplían y fortalecen el ejercicio de los derechos políticos de grupos que históricamente han sido marginados. Lo cual nadie va a poder objetar y que fortalecen la participación política de los ciudadanos.
Para muchos analistas el primer tema es considerado como un distractor de las verdaderas intenciones de la iniciativa presidencial que es acotar la autonomía de las autoridades electorales. Se trata de un conjunto de disposiciones que reconocen, amplían y fortalecen el ejercicio de derechos políticos de grupos históricamente marginados. Son temas que nadie podría objetar en lo sustantivo y que fortalecen la participación política de la ciudadanía en su conjunto. Como ejemplos, podemos mencionar que se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, de las personas con discapacidad que se encuentran en estado de postración. Al mismo tiempo, se fortalecen las acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género incluidas las candidaturas para poderes ejecutivos locales. También se obliga que las candidaturas de los partidos, de mayoría relativa o de representación proporcional, contengan fórmulas de jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de diversidad sexual y migrantes. Finalmente se simplifica el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
Segundo. – Digamos que en el primer tema podríamos coincidir con sus reservas, pero el tema más beligerante es el segundo, relativo a la reestructura y reorganización de las autoridades que conforman un nuevo “sistema nacional electoral”. Estas disposiciones buscan reposicionar al INE, con menos autoridad, menos recursos, menos estructura, pero con el deber de cumplir con las mismas funciones —pues estas están en la Constitución y, por tanto, son intocables.
Entre estas medidas, encontramos una muy violenta, la cual habla de una compactación de áreas operativas tanto a nivel central como descentralizado. Se desaparecen áreas con el único argumento de la austeridad, sin mencionar ni argumentar el mosaico de actividades que realizan y sin que haya un diagnóstico de cómo se seguirán llevando a cabo con menos.
Parece como si el mensaje presidencial fuera que se requiere Al INE delgado, pero también sin dientes. En esto se pudiera estar concurriendo ante una violación a su naturaleza de órgano constitucional autónomo:
- Se pretende vulnerar su autonomía política al establecer que no puede entrometerse en la vida de los partidos políticos en un supuesto fortalecimiento de su auto organización y autodeterminación en su vida interna, es decir, se le priva de poder determinar si los contendientes, sujetos obligados, los partidos, cumplen con mecanismos democráticos para determinar sus dirigencias y candidaturas.
- Se le intenta atentar su autonomía técnica, al desaparecer al Secretario Ejecutivo y a la Junta General Ejecutiva, ejes de su operación logística, así como reducir áreas centrales y desaparecer vocalías locales y distritales. Imposible, de acuerdo con esta propuesta legislativa, seguir pensando en una autoridad que acerca credenciales, casillas y capacitación a la ciudadanía. El efecto será contraproducente para la ciudadanía que ahora tendrá que esforzarse más para participar.
- Se le intenta atentar a su vez su autonomía administrativa al desaparecer los fideicomisos con los que el INE cubre pasivos laborales y con el que logra depender cada vez menos de rentas y alquileres, conforme sus fondos le permiten incrementar su patrimonio inmobiliario de sus oficinas en todo el país.
- Finalmente, se le intenta atentar su autonomía normativa, al tratar que sólo se puedan emitir reglas en los temas explícitos en un numeral de la Constitución, que en lista resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Esto claramente contradice la naturaleza de un instituto democrático que debe de adaptar la ley a cada elección y por tanto emitir acuerdos, lineamientos, reglamentos que sean necesarios y de su competencia. En este rubro, a pesar de que la Constitución lo menciona, se busca desaparecer de facto el programa de resultados electorales preliminares, denominado (PREP), lo cual sin duda alguna generara más especulaciones e incertidumbre de la que ya al existir las genera.
Ante este segundo tema se han prendido las alarmas, ya que el debate que se pone en la mesa es el peligro indudable que este plan b conlleva para la celebración de las elecciones cercanas (2024) y las futuras, y lo que se tiene que decir es que la celebración si se pudiera llevar a cabo, pero ante una lentitud, una ineficacia, con menos inclusión, menos transparentes y por ende ante una incertidumbre en los resultados tal y como lo fueron las elecciones vividas durante el Priato de los 70 en nuestro País.
Tercero.- Por último, el tercer tema, dedicado a la justicia electoral, señala elementos de racionalidad no menores, aun sin llegar a una extrema radicalidad que se dispone para las autoridades administrativas, en esta propuesta se pretende condicionar a la vez su funcionamiento, tratando de condicionar que se toquen la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, sin duda contraviniendo la misma naturaleza de ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la máxima autoridad jurisdiccional, categoría no otorgada por casualidad o capricho, sino por disposición Constitucional, tutelada en su artículo 99.
Este ultimo tema no menor, no puede sostenerse en una reforma simple y caprichosa, sino que deben de incluirse las voces de expertos en materia de justicia electoral, por supuesto a los mismos integrantes del Poder Judicial de la Federación y todos aquellos involucrados en el día a día, en la historia de este Tribunal no han existido demasiadas reformas que hayan alterado de manera contundente su funcionamiento, y por mismo al pretender arrancar su naturaleza se atentaría no solo al Tribunal sino se trastocaría el principio de división de poderes que tanto costo al país.
Que viene.
Como se reitera quedo pendiente la emisión del dictamen final, ya que la noche del jueves, la Cámara de Diputados aprobó los dos dictámenes que conforman la reforma, aunque solo pudo enviar uno de ellos a promulgación, se trata de aquel que modifica las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, el otro, relativo a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Poder Judicial y de Medios de Impugnación, tuvo cambios y por ello fue devuelto al Senado. El cambio fue que se retiró la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitía a los partidos aliados distribuirse votos, una medida que favorecía a las fuerzas pequeñas.
Lo que viene en el Senado de la República en la próxima sesión en el mes de febrero del próximo año tendrá que medirse a la luz de lo que su Presidente el Senador Monreal pueda ponderar, es decir de los argumentos que esgrima para discutir y mejorar la propuesta y la tolerancia del presidente López Obrador. Monreal sabe que su futuro político, en buena medida, depende de lo que logre realizar en este escenario, ya sea fortaleciendo su eventual candidatura presidencial o quedando abandonado por la bancada oficial.
La madre de todas las batallas estará sin duda en que de aprobarse el plan b del Presidente, como es casi un hecho, aun y cuando de sus inconstitucionalidades que contiene, es altamente probable que está será impugnada ante la Suprema Corte. Lo cual traería un riesgo adherido a la misma aprobación, ya que un litigio de esa magnitud generará sin duda una enorme incertidumbre e inestabilidad pues podríamos llegar a un proceso electoral 2023-2024 con un marco normativo cuestionado y probablemente no resuelto. No sólo sería una contienda electoral sino también constitucional.
Considero que fuera de apasionamientos estériles, la prioridad para todos los actores políticos involucrados debería ser el futuro de este país y de sus instituciones en pro de los ciudadanos, no creo que sea valida la división ni la polarización del país, sostengo que ninguna de las dos posturas debería sostenerse al calor de una posición política sino legal, pareciera que el debate estriba en que unos creen que el INE debe de prevalecer intacto, sin ninguna modificación y otros muchos que lejos de sus creencias defienden el culto al caudillo, y aseguran que el INE debe de desaparecer tal cual existe hoy, en razón de que ellos llegaron al poder a pesar de y en contra de, sosteniendo esto en el trillado argumento de que las instituciones siguen secuestradas por los conservadores, y así entre liberales y conservadores el país observa un clima de crismación muy peligroso y dañino, lo que debería ser legal es político y lo que es político no siempre es legal.
LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO
