El país de los desaparecidos y las madres que los buscan
Por Amílcar Salazar Méndez
En México, las madres de los desaparecidos están solas, y el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, en Tlajomulco, Jalisco, es un recordatorio brutal de la indolencia del Estado mexicano.
Esa noche habían salido de su casa con cubetas para recolectar agua porque, dicho sea de paso, en ese fraccionamiento no siempre tienen el servicio. Hombres armados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra ellos. Murieron al instante.
María del Carmen dedicó su vida a buscar a su hijo Ernesto Julián Ramírez, desaparecido el 24 de febrero de 2024. Tres hombres encapuchados irrumpieron en su casa, se llevaron a su hijo y le prometieron que, si cooperaba, lo devolverían con vida.
—Le voy a hacer unas preguntas —dijo el enmascarado ese día.
—Pues házlas aquí, ¿para qué te lo llevas?
—Aquí no se puede, señora, son cosas. Me lo voy a llevar, y si el muchacho coopera, yo se lo voy a regresar vivo.
Eso nunca se cumplió. Desapareció.
Su búsqueda la llevó a unirse al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el mismo grupo que descubrió el Rancho Izaguirre, un campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Allí se encontraron restos humanos y evidencia de la barbarie que define la crisis de desapariciones en el país. María del Carmen murió sin encontrar a su hijo.
La situación se agrava. Ese mismo mes, María del Carmen se convirtió en la segunda madre buscadora asesinada.
Teresa González, conocida como Teresita, integrante del colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, dedicó su vida a buscar a su hermano Jaime, desaparecido en Guadalajara.
Ella fue atacada en su domicilio por hombres armados que intentaron secuestrarla. Al resistirse, recibió un disparo en el rostro y falleció días después en el hospital.
Pero el problema no es solo de Jalisco.
En Zacatecas, la situación no es menos desoladora. Colectivos como Buscadoras Zacatecas y Escarabajos han denunciado la falta de apoyo de las autoridades.
En una reciente búsqueda en Villa de Cos, las madres localizaron restos humanos. Por cierto, sin la protección de la Guardia Nacional, que se negó a acompañarlas.
La ausencia de la presencia federal no solo las deja vulnerables, sino que refuerza la percepción de que están solas. ¿Omisión o complicidad?
Y podríamos seguir hasta alcanzar las 120 mil historias de desaparecidos. Una crisis. Una bola de nieve para el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Ahora bien, hoy se nos pone enfrente el dichoso Rancho Izaguirre, las macabras revelaciones destapadas, la incongruente respuesta del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, el silencio y toda la porquería relacionada con el campo de adiestramiento/exterminio.
Pero… realmente, ¿podrán seguir ignorando el tema? El riesgo es grave.
Ya vimos lo que pasó con Ayotzinapa; marcó un antes y un después para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El Rancho Izaguirre y la crisis de desaparecidos hoy se convierten en una amenaza, en un símbolo de la violencia e impunidad que persisten bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
¿Será este el caso que desate una ola de exigencias nacionales e internacionales, poniendo a prueba el compromiso de Sheinbaum con la justicia?
México no puede seguir siendo un país donde buscar a un ser querido sea una sentencia de muerte. Cada madre asesinada representa no solo una vida perdida, sino también una búsqueda truncada y una verdad que nunca será revelada.
Este 10 de mayo, las madres buscadoras salieron a las calles, una vez más, y eso nos debe llevar a una reflexión obligada sobre la crisis de desapariciones que persiste en el país.
La memoria de María del Carmen Morales, Teresa González y todas las buscadoras caídas exige que no nos quedemos callados. Porque si ellas no se rinden, nosotros tampoco deberíamos hacerlo.
